Doble imposición


“Aplicación de los beneficios fiscales de los Convenios para Evitar la Doble Imposición”

Mónica Corrales Valverde

Los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI), son acuerdos pactados voluntariamente por los Estados, con el fin de eliminar la sujeción simultánea de las rentas de un contribuyente a un mismo o similar tributo en ambos países. A nivel empresarial, este tipo de convenios se convierten en una atracción de inversión; para los empresarios al garantizarle al contribuyente que las utilidades obtenidas de su negocio económico, van a estar tipificadas en el hecho generador del impuesto de los países contratantes, mas únicamente va a estar en el deber de cumplir sus obligaciones tributarias materiales en uno de éstos.

Dichos convenios, responden a la lucha contra la evasión y la elusión fiscal de los Estados, quienes procuran satisfacer las necesidades y fines públicos de sus sociedades. Cada uno de estos acuerdos CASA VC INDIO DESNUDO  07bilaterales disponen los contribuyentes y los impuestos que son objeto de regulación y que podrán optar por los beneficios fiscales. [1]

Actualmente, desde el 1 de enero del 2011 está en vigor en nuestro ordenamiento jurídico el CDI entre el Reino de España y Costa Rica, el cual estipula que el convenio aplicará para las personas residentes de ambos países. Uno de los beneficios fiscales es respecto a los intereses. Por ejemplo, si los intereses proceden de un Estado contratante (Costa Rica) y son pagados a un residente español, estos rendimientos de créditos pueden estar sujetos en Costa Rica, si el beneficiario efectivo de los intereses es residente de España, y la tarifa de la retención no podrá ser mayor al 5% del importe bruto de los intereses, -cuando la duración del préstamo sea igual o superior a 5 años -, o del 10% de importe bruto de los intereses, en los demás casos.[2]

Ante ello, nos surge la incógnita de ¿cómo se pueden aprovechar y aplicar los beneficios fiscales de los CDI? Lo primero es determinar si la persona es considerada como residente fiscal de alguno de los Estados contratantes, para tales efectos el convenio define a un residente como “toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales”[3]

Asimismo, de conformidad con la Directriz número DGT-D-004-2013, son considerados como residentes:

  1. Las personas naturales costarricenses, que perciban rentas de fuente costarricense, independientemente de que hayan residido o no en el territorio nacional, durante el período fiscal respectivo.
  2. Las personas naturales extranjeras que hayan residido o permanecido en el país, por lo menos seis meses en forma continua durante el período fiscal y que perciban rentas de fuente costarricense durante el período fiscal respectivo.
  3. Las personas jurídicas legalmente constituidas en Costa Rica, así como las sociedades de hecho que actúen en el país y cualquier otro ente con o sin personalidad jurídica, que perciban rentas de fuente costarricense durante el período fiscal respectivo.
  4. Las sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes en el país, de personas no domiciliadas en Costa Rica, que perciban rentas de fuente costarricense durante el período fiscal respectivo

Las personas que desean aplicar los distintos beneficios fiscales, deberán de acreditar su condición de residente ante la otra Administración Tributaria, mediante un “Certificado de Residencia Fiscal”, que certifica que el contribuyente, para fines tributarios, tiene domicilio o residencia fiscal en el país y por el período gravable solicitado. Para ello, la Administración Tributaria, verificará que el solicitante, en su condición de contribuyente, esté declarando y pagando el impuesto respectivo, o que se encuentre debidamente inscrito como contribuyente.

Dicho certificado garantiza que el contribuyente podrá comprobarle a la Administración Tributaria española, que su domicilio fiscal es en Costa Rica, y que sus ganancias obtenidas o percibidas de fuente española, sólo deberán de estar sujetas en uno de los dos países, según los beneficios del convenio que desee adquirir.

En los distintos CDI existentes, se encuentran diversos beneficios fiscales que los contribuyentes pueden disfrutar, según el ordenamiento jurídico que les sea aplicable. Para maximizar este tipo de beneficios, es importante que se cuente con un asesor en temas de fiscalidad internacional. El cumplimiento de la normativa tributaria y el funcionamiento óptimo del negocio, son dos aspectos que pueden depender de una buena asesoría con expertos

[1] En la anterior edición del mes de octubre de nuestro boletín, la Licenciada María Fernanda Herrera, analizó las implicaciones en nuestro sistema jurídico tributario del CDI entre la República Federal de Alemania y Costa Rica, y efectuó una comparación de los distintos beneficios fiscales con el convenio con de España.

[2] Artículo 11 de la Ley número 8888.

[3] Artículo 4 de la Ley número 888.

 

ARTÍCULO: El registro de activos intangibles y su consideración fiscal

Los activos intangibles son parte fundamental en la actividad operativa y comercial de cualquier compañía, ya que brindan derechos y obligaciones, que deben de ser reconocidos y en la medida de las posibilidades cuantificados. La NIC 38 (Norma Internacional de Contabilidad) de activos intangibles define a éstos como: “un activo identificable de carácter no monetario sin apariencia física.”

Una entidad podrá considerar un intangible, si cumple con el concepto definido por esta norma y cumple con los siguientes criterios: que sea probable que genere beneficios económicos futuros hacia la entidad y que el costo del activo pueda ser medido de forma fiable. El bien intangible externo podrá ser reconocido y registrado en el momento de su adquisición, mientras que si es un activo intangible generado internamente, se debe reconocer en el momento que se encuentre en la fase de desarrollo (momento en que se dará su registro) y cumpla con todos los requisitos que establece la sección 57 de la NIC 38.

A pesar de que diversos activos intangibles se adquieren durante la vida económica de una compañía y son generadores de importantes rentas, nuestra legislación tributaria no permite la deducibilidad de las amortizaciones de todos estos activos. El artículo 9, inciso f), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, menciona que no son gastos deducibles: los derechos de llave, marcas, de fábrica o comerciales, los procedimientos de fabricación, los derechos a la propiedad intelectual las fórmulas de otros intangibles similares, entre otros.

Activos intangibles, registroAnte ello, la propuesta del proyecto de reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta, propone modificar el artículo 8 inciso f), para incluir las amortizaciones como gastos deducibles. Expresamente, se dispone: “Las depreciaciones y amortizaciones para compensar el desgaste, el deterioro o la obsolescencia económica, funcional o tecnológica de los bienes o derechos productores de rentas gravadas, propiedad del contribuyente (…)”. Si bien es cierto que dicho aporte dentro de la Ley sobre el Impuesto de Renta ayuda a comprender los intangibles, es importante recalcar que aún faltan contribuciones adicionales en la propuesta de modificación de la norma que eviten las interpretaciones jurídicas; ya que en la misma reforma el inciso f del artículo 9 de los gastos no deducibles, menciona: “Lo pagado por la compra de derechos a que se refiere el inciso f) del artículo 8 de esta ley, sin perjuicio de la posibilidad de amortizar su valor, cuando sean adquiridos a título oneroso.”, lo que produce un vació legal con respecto al mismo inciso de la ley actual, dado que ya no establece cuales formas de intangibles no pueden ser considerados como deducibles.

Como sucede en nuestro país de forma frecuente, los vacíos de la Ley deben ser compensados con resoluciones o directrices supletorias. En cuanto a los activos intangibles cuyos efectos estén expresamente autorizados a deducir; la resolución DGT-52-01 establece que se podrán amortizar en un período de 5 años, para todas aquellas situaciones en las que existan diferencias entre el período establecido en esta resolución y el período que el contribuyente opte por utilizar de acuerdo a criterios técnicos y operativos, advirtiendo que se deberá tomar en consideración la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” para determinar las diferencias temporarias.

Respecto de la jurisprudencia, la Administración Tributaria viene haciendo distinción expresa de si la situación en cuestión, está enmarcada o no en el artículo 9 de la Ley, por ejemplo, en el oficio DGT-276-2014, expone de forma expresa que aquellos intangibles mencionados en el artículo 9 inciso f), del Impuesto General sobre la Renta, no se consideraran deducibles, dado que el legislador ya los excluyó por su naturaleza de su opción de deducibilidad: “En consecuencia, el tratamiento fiscal de la plusvalía adquirida por […] al realizar la fusión por absorción de […] , es la de un derecho de llave, por lo que se encuentra enumerado dentro de los intangibles del artículo 9 inciso f) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerándose un gasto no deducible, razón por la cual tampoco procede su amortización.”

EDITORIAL: ¿Cómo evitar el desenlace Griego?

Carlos Camacho Experto en Fiscalidad
Por Carlos Camacho
Presidente de Grupo Camacho

El resultado de las finanzas griegas es un desenlace doloroso pero predecible. Lo importante es entender lo que pasó y a la vez comprender que no estamos exentos de esta situación.
En Grecia, se requería tomar medidas en el ámbito del gasto público y de la recaudación tributaria, aspectos que los gobiernos populistas e irresponsables no quisieron atender. La comunidad internacional-tolerante hasta donde la tolerancia lo permite-, entró en dos planes gigantes de rescate financiero en
su favor, poniendo en riesgo inclusive la estabilidad monetaria de la zona Euro. Después de promesas incumplidas, en una reciente elección, bajo el lema de sí se puede, Grecia toma el camino fácil, votar por un cambio, que la llevó en días atrás a entrar en su primer default financiero de nuestra era cristiana. Si tomamos en cuenta los elementos objetivos y la ingobernabilidad de este país y la ponemos al frente de Costa Rica hoy, nos costará encontrar diferencias de fondo que permitan prever que el desenlace económico de nuestro país sea contrario al de Grecia. A pesar de su reciente declaratoria de default, en el período 2013 al 2014, Grecia venía objetivamente mejorando sus cifras de déficit fiscal, sin embargo no fue suficiente para evitar la hecatombe financiera.
Costa Rica está en un agujero en que los signos vitales de la economía son graves pero las alianzas políticas del Gobierno son aún peores, que con el propósito de generar tolerancia celosa de la comunidad internacional, coquetea con los socios ideológicos de nuestros sindicatos, lo que significa otro símil de nuestro país con Grecia. Las economías estancadas no tienen inflación -por lo que llenarse de orgullo por no tenerla es una ilusión como la de adelgazar después de muerto- hasta el momento en que llega el irremediable mercado y entra en procesos de autocomposición. Los desajustes económicos los arreglamos los agentes económicos en especial los responsables de la política fiscal y monetaria de nuestro país o se componen por la acción de las fuerzas del mercado.

PRÓXIMO SEMINARIO: Actualización tributaria en tiempos de cambio y déficit, cierre fiscal 2015

 

17 de Setiembre

Hotel San José Palacio

8:00am a 12:00md

Costo: $115 por persona

Suscripciones al correo eventos@grupocamacho.com

 

Temario

1. Nuevo ambiente fiscal para el cierre fiscal 2015
2. Renta: su concepto según la legislación vigente y propuestas de reforma
3. Requisitos y limitaciones de los gastos deducibles o no
4. Rentas ocultas según las nuevas normas fiscales
5. Cambios jurisprudenciales respecto a retenciones en la fuente y remesas al exterior en Costa Rica
6. Actualización de los criterios institucionales emitidos por la Dirección General de Tributación
7. Intercambio de información con terceros y el deber de confidencialidad
8. Gestión de Riesgos de Precios de Transferencia y BEPS
9. Contabilidad de acuerdo con NIIF para este periodo fiscal a la luz de los cambios normativos y sus posibles sanciones